La crisis financiera ha puesto en cuestión el proyecto europeo. El entramado de Tratados, acuerdos, instituciones y voluntades se ha tambaleado ante una crisis financiera, económica y social, que ha exigido a los países miembros un comportamiento común que no han sido capaces de articular, ni por consenso propio, ni por cumplimiento de normas previsoras que no existían. La Unión Monetaria se configuró con países en exceso heterogéneos, sin exigir el cumplimiento riguroso de las condiciones de entrada en el área monetaria y bajo el supuesto de que el éxito del euro era incuestionable y no era necesario tener prevista posibles salidas de la UM, ni políticas comunes ante una crisis financiera que se imaginaba improbable e hipotética.
Hay que señalar, inicialmente, que parte de la culpa de la burbuja financiera la tuvo el BCE, al realizar una política en exceso expansiva en el área del euro y escasamente rigurosa con las entidades bancarias que tenía que supervisar. Más preocupado por el control de la inflación de los precios de los bienes, el BCE mantuvo su política monetaria expansiva, a pesar de la inflación de los precios de los activos financieros e inmobiliarios, hasta alimentar una burbuja que, además, hizo estallar con una intervención tardía a mediados de 2007, cuando el control de la burbuja era ya imposible.
Con el estallido de la crisis financiera, cada país adoptó las acciones que le parecieron más oportunas para salvar los sistemas financieros nacionales, de una manera descoordinada y, posteriormente, cuando la crisis financiera se convirtió en crisis real reduciendo el PIB e incrementando el paro, también cada país llevó a cabo una política fiscal expansiva nacional incurriendo en déficits públicos muy por encima de los previstos en el Pacto de Estabilidad.
Después, cuando la mayoría de los países consiguieron, gracias a las políticas monetaria y fiscal expansivas, salir de la recesión, llegó el momento de estabilizar las cuentas nacionales y pagar las deudas contraídas y entonces se produjo la fragmentación actual de la UM, en la que se pueden diferenciar los países competitivos, los no competitivos como España, Italia y Bélgica y los ya rescatados como Grecia, Irlanda y Portugal que, además de no ser competitivos, han necesitado ayuda para hacer frente a las deudas contraídas, principalmente por las Administraciones Públicas.
Ni la UM ha tenido una acción común ante la crisis financiera, ni tampoco la ha tenido ante la crisis económica y social que le ha seguido, ni ahora la está teniendo ante la crisis fiscal de los países no competitivos, que necesitan financiación externa para mantener un nivel de vida que no pueden permitirse. Los países no competitivos necesitan financiación externa para pagar el déficit en su cuenta corriente y ante la crisis han reaccionado endeudándose más y agravando su situación financiera. Con esta situación, la diferencia entre unos y otros se está haciendo insostenible, en la medida que todos tienen una moneda única y los más competitivos requieren una estabilidad monetaria y una presunción de solvencia que se está poniendo en duda.
Las posibles soluciones ante esta situación son de diversa naturaleza y apuntan, en teoría, a dos direcciones: “más Europa” o una cierta desintegración. Pero en un caso u otro hay que tener presente que tenemos dos problemas relacionados, pero que hay que diferenciar: unos países son competitivos y otros no; y por lo general los primeros son solventes y algunos de los segundos no lo son. Mientras que el problema de la solvencia se soluciona eliminando las necesidades corrientes de financiación y asumiendo el pago de la deuda emitida, el problema de la falta de competitividad tiene una solución muy compleja una vez que la medida rápida para ganar competitividad, es decir las devaluaciones, no son posibles. Sin devaluaciones, se trata de reducir costes, reducir precios y aumentar la productividad, es decir, de asumir sacrificios sociales y cambiar el modelo productivo, algo que es difícil de alcanzar y requiere tiempo.
En este contexto, intentar la salida reforzando la Unión Monetaria, requeriría asumir entre todos los países la responsabilidad de la deuda pública común, emitiendo bonos europeos, y procediendo a una rápida y profunda armonización fiscal en los impuestos, en los límites de gastos públicos de las distintas administraciones nacionales, federales y locales y finalmente en el déficit público final. Ello implicaría una concepción del Presupuesto europeo diferente y más integradora, que recogiera las grandes cifras fiscales de los países miembros, las deudas contraídas y los planes de amortización de las mismas. Ni que decir tiene que este camino no es el que va a seguir la UM en su integridad. Los países que actualmente lideran la UM, Alemania y Francia, están marcando el camino de una cierta armonización fiscal, exigen un control de los déficits nacionales, pero no están dispuestos a responsabilizarse de la deuda ajena. Una postura que, en cierta medida, responde a la voluntad de los ciudadanos de varios países del euro.
La segunda salida es la desintegración de la UM, bien porque determinados países salgan de la moneda única, o lo que sería más complejo pero menos costoso, que los países competitivos funden una nueva moneda. Esta salida, de momento, no se está planteando y por ello nos encontramos en una situación mixta en la que se está exigiendo a los países no competitivos y endeudados, que paguen lo que deben, que equilibren sus cuentas y que sean competitivos y no parece que estos países sean capaces de cumplir todas las tareas con prontitud, lo cual los lastra a años de ajuste y tensión social y política.
Y, además, en toda la gestión de la crisis, lo que se está poniendo de manifiesto es que quien lidera la UM, no son las personas elegidas para los cargos de las diferentes instituciones europeas, sino la canciller alemana, lo cual plantea serias dudas sobre la salud del proyecto europeo, pero a la vez da alguna esperanza para que finalmente siga adelante, si somos capaces de encapsular de alguna manera a los países rescatados para que no contaminen al resto, disciplinar a países como España, Italia y Bélgica, y conseguir que en los países sin problemas no terminen votando a partidos políticos contrarios al proyecto europeo.
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