jueves, 24 de enero de 2013

¡Adiós a los brotes verdes!


Algunos indicadores adelantados y otros de coyuntura parcial podían hacernos creer que se podía vislumbrar una luz en el horizonte. La previsión del Banco de España de caída del PIB un 0,6% en el cuarto trimestre y los datos de la EPA de ayer 24, dejan a las claras que, lejos de iniciar una tenue inflexión al alza en el segundo y tercer trimestre, los datos de final de año nos sumergen nuevamente en una tendencia a la recesión.
La economía española, al igual que ocurrió en el segundo trimestre de 2010, responde rápidamente a los recortes del Gasto Público y a la subida de Impuestos con una contracción del consumo y la inversión. Cada vez que parece que se va a iniciar la recuperación, los ajustes impuestos por Bruselas paralizan la Demanda Agregada y agravan la destrucción de empleo. En este último trimestre es el desempleo público el que más se está destruyendo y aún nos queda, para el primer trimestre de 2013, el paro que va originar la reestructuración del sistema financiero.
Las cifras de la población ocupada desde el inicio de la crisis son de impacto y eso que los autónomos han aumentado en 2012 y los asalariados público han estado aumentando durante todos los años de la crisis hasta el pasado año:
EPA - Ocupados por Situación Profesional      
 200720082009201020112012
Empleadores1117,91165,41073,31026,5941,6913,3
Autónomos2167,42125,11917,61889,91879,51965,4
Asalariados Públicos29132958,73062,13129,631903013,5
Asalariados Privados1384713722,612618,612217,211915,511228,2
De momento, las reformas del Gobierno no están consiguiendo ni evitar la recesión, ni generar empleo alguno, ni animar el Consumo y la Inversión. Si cuando aparezcan los datos del déficit público se supera el 7%, habrá que pensar ya seriamente si esta mezcla de recortes a medias y falta de modelo alguno de crecimiento nos lleva a alguna parte. E incluso si la reforma laboral debe volver a ajustarse siguiendo otros parámetros más en la línea de simplificar las relaciones laborales con un único contrato con indemnización por despido progresiva a los años trabajados, de manera que se promueva más los nuevos contratos fijos que despedir barato.
De momento, estamos consiguiendo financiarnos más fácilmente, y es de agradecer, pero seguir en recesión con desempleo creciente supone más costes sociales y si el déficit no se termina de ajustar volveremos a situaciones de vértigo.  Y todo ésto en una coyuntura de corrupción masiva e intentos de secesión que nos impide mirar con serenidad y acierto a medio plazo. 


miércoles, 9 de enero de 2013

¿Es la sanidad un bien público?


Pues, aunque parezca extraño,  la sanidad no es un bien público, es un bien privado al igual que la educación, y quizás aclarar esta cuestión ayude a evitar perdernos en debates un tanto absurdos como los que estamos sufriendo con la privatización de hospitales. Para el Análisis Económico, un bien público es aquel que tiene dos  características: no es un bien rival y no es un bien excluyente. La primera característica significa que producir una unidad adicional del bien no cuesta nada, decimos que su coste marginal es cero. La segunda implica que no podemos impedir que cualquier persona sin pagar nada disfrute de él. El ejemplo clásico es el faro en un acantilado: que lo vea un barco o cien no supone coste adicional alguno y, además, no podemos controlar que un barco lo vea y otro no. Estas características hace que la iniciativa privada no quiera producir este tipo de bienes, en la medida que no puede cobrar por ellos a quienes los están disfrutando. Por todo ello, los bienes públicos se consideran un fallo de mercado y requiere que el Estado intervenga, si se considera que es bueno para la sociedad dotar de estos bienes a sus ciudadanos.
Como puede comprenderse, ni la sanidad, ni la educación son bienes públicos. Una cama adicional de un hospital tiene costes y un tratamiento para una enfermedad también, al igual que un puesto escolar más.   Además, podemos delimitar con exactitud qué paciente va a disponer de una cama en la UCI y quien no, así como quién accede a la formación universitaria y quien no.  Entonces,  ¿por qué se les llama bienes públicos y diversos colectivos se manifiestan cuando se privatizan? La cuestión radica en que si se dejara al libre mercado que asignara cantidades y precios en sanidad y educación, el equilibrio al que se llegaría sería inferior al deseable y muchas personas sin recursos se quedarían sin ellos; y se estima que una mayor cantidad de bienes de sanidad y educación son buenos tanto para los individuos que los disfrutan como para la sociedad en su conjunto (a esto se le denomina una externalidad positiva). La educación y la sanidad son bienes privados, pero preferentes, en la medida que se desea que se produzcan para todos los ciudadanos en muchos países, y pueden producirse por entidades públicas o por empresas privadas; lo relevante, no es quién los produzcan, sino que se haga en las cantidades que la sociedad desea, para aquellos que estime más conveniente y que lógicamente se puedan financiar de la manera en que se quiera: impuestos, copagos, etc.
Por        que las Administraciones Públicas gestionen hospitales, colegios o universidades, la educación y la sanidad no son bienes públicos o no. Son siempre bienes privados y la cuestión que debemos plantearnos es si la cantidad, la calidad y el coste de estos bienes mejoran si lo produce el Estado o empresas privadas y cómo financiar su coste.